Historia

La APDHB

En sus 42 años de existencia defiende, difunde y promociona los derechos humanos

Parafraseamos a Pablo Neruda y decimos que la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) cumple 40 años y es una joven madura. En estas cuatro décadas, de manera sostenida defiende, difunde y promociona los derechos humanos en nuestro país. Y en estos últimos diez años, a la inversa de lo que se esperaba, ante la violación de los derechos humanos, en el actual proceso de cambios o reformas cada vez más burguesas, continúa la violación de aquellos derechos y, por tanto, la actividad de los defensores de esos derechos, es incomprendida y también reprimida por operadores políticos desde el Estado, llamado plurinacional, y desde el gobierno que se autodefine como de los movimientos sociales.

Las instituciones precursoras

Memorias de la APDHB registran la defensa de los derechos humanos en Bolivia por dos instituciones que son las precursoras de nuestra Asamblea: El Comité Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (CNDDH), constituido en 1967, y la Comisión Boliviana de Justicia y Paz (1971-1974), disuelta en 1975.

El primero fue organizado con la participación de la Confederación Médica Sindical de Bolivia (COMSIB), luego de que su Presidente fue apresado por orden de los dictadores de ese tiempo. EL CNDDH denunció el control de la natalidad en nuestro país, actividad promovida por un organismo de “cooperación” de Estados Unidos; gestionó la libertad de los combatientes de la guerrilla de Ñancahuazú, comandada por el Che y exigió la desmilitarización de Teoponte.

La segunda, entre otras, cumplió dos labores sobresalientes: investigó y elaboró un informe sobre la masacre de Tolata (1974), ordenada por Hugo Banzer Suárez, contra campesinos que bloquearon caminos para resistir impuestos que buscaban cobrar los dictadores, así como en demanda de mejores condiciones de trabajo y de vida para los pobladores del agro y de Bolivia; informe que se apoya en la declaración de testigos y de testimonios de decenas de religiosas y religiosas. Asimismo, Luis Adolfo Siles Salinas, ex presidente boliviano y presidente de Justicia y Paz, expresó su solidaridad con los combatientes sandinistas en momentos de las batallas decisivas que acabaron con la tiranía de Anastasio Somoza, en la patria de Sandino.

Defensa de los derechos humanos

Tomamos como fuente nuestros registros para entregar un inventario parcial de las principales acciones de la APDHB que dan cuenta del cumplimiento de labores ineludibles:

—1977. Apoyo a la huelga de hambre iniciada por cuatro amas de casa de Catavi-Siglo XX que demandó amnistía general e irrestricta, demanda que fue conseguida y que incluyó la libertad de los últimos presos políticos de Banzer. Esa huelga de hambre victoriosa fue la culminación de múltiples acciones de resistencia contra la dictadura militar-fascista (1971-1978).

—1979. Rechaza el golpe encabezado por Alberto Natusch Busch, registra los muertos, heridos y desaparecidos, y apoya la huelga general política que derrota a los golpistas en dos semanas.

—1980. Ante el asesinato de Luis Espinal, fundador de la APDHB y del semanario Aquí, la APDHB, junto con la COB, inicia la investigación respectiva.

—1980. El presidente de la APDHB, Julio Tumini, es elegido vicepresidente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), instancia integrada por organizaciones sindicales y políticas

—Rechazo a la ocupación, por paramilitares de la sede de la COB, ocasión en la que fueron heridos y/o asesinados, luego desparecidos: Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal y Gualberto Vega

—1980. Rechazo al golpe narco-fascista de Luis García Meza-Luis Arce Gómez y apoyo a las víctimas del golpismo. Respaldo a los trabajadores mineros y, en especial, a los operarios del subsuelo de Caracoles y a sus familiares. Julio Tumiri fue detenido y torturado por orden de los golpistas.

—1985. Apoyo a “La marcha por la vida” de los asalariados mineros, movilizados en contra del cierre de sus centros de trabajo y la mal llamada relocalización que ocurrió después.

—1990. Solidaridad con la primera marcha de los pueblos indígenas de las tierras bajas: “Por el Territorio y la Dignidad”, movilización que también demandó la convocatoria a una asamblea constituyente.

—1993. La APDHB se incorpora al Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades contra Luis García Meza-Luis Arce Gómez y sus cómplices. Luego de siete años se consigue la condena de aquéllos, a 30 años de prisión sin derecho a indulto.

—1995. Solidaridad con la primera marcha de mujeres cocaleras hacia La Paz.

—Apoyo a la marcha de trabajadores campesinos, en rechazo a la erradicación de cocales, también hacia La Paz, en defensa de la tierra y por una segunda reforma agraria.

—1996. Apoyo a las víctimas de la “Masacre de Navidad”, ordenada por Gonzalo Sánchez de Lozada, en Amayapampa y Llallagua.

Premios

En 1988, la APDHB recibe el premio de la UNESCO por la enseñanza de los derechos humanos. Otra distinción recibida por nuestra Asamblea fue el Premio de las Naciones Unidas por Servicios Eminentes: Derechos Humanos”, en 1993. También, recibió un reconocimiento del Concejo Municipal de Sucre en 1993 y de la Alcaldía de La Paz, en 1998.

Apoyo a cocaleros

Durante el neoliberalismo, la APDHB desplegó su actividad en defensa de los derechos de tercera generación: el derecho al trabajo de despedidos, denominados relocalizados, con las mujeres que reemplazaban a sus compañeros en trabajos informales por los que obtenían ingresos para sobrevivir, con los jóvenes y los compatriotas de la tercera edad que eran tratados como población sobrante en estas tierras.

Asimismo, la APDHB acompañó la lucha de los productores del Chapare cochabambino y de los Yungas paceños, en defensa de la coca como recurso natural: medicamento, alimento y ritual. Condenó las muertes de ese tiempo y respaldó a los heridos y a los familiares de los caídos en aquella lucha.

Huida de Sánchez de Lozada

Durante el alzamiento de alteños y paceños, acción que derrotó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, la APDHB apoyó aquel accionar y buscó diálogo y acuerdo entre gobernantes e insurrectos, con el propósito de evitar más muertos, sobre todo en El Alto. Sin embargo, ante la intensificación de la represión estatal y gubernamental, los trabajadores y sus dirigentes comprendieron que nada había que hablar y nada que negociar con sus verdugos y siguieron la lucha por cauces de victoria.

Los 10 últimos años

Había transcurrido poco tiempo desde que Juan Evo Morales Ayma fue posesionado presidente de nuestro país. Entonces, militantes del MAS, ultrajaron a periodistas en diferentes lugares del país, especialmente en La Paz y Oruro. Arrancó la división de las organizaciones sociales inducida por gobernantes.

La APDHB, integró un grupo de trabajo que planteó compartir esfuerzos destinados a evitar una guerra civil en Bolivia, ante las acciones de la denominada media luna que conspiró contra el gobierno de Morales.

Respecto de uno de los hechos luctuosos de ese accionar de dirigentes cívicos, empresarios y militantes de partidos de la derecha, ocurridos en varios lugares de Pando, con su centro en Porvenir, la APDHB recogió información en el lugar de los hechos y más de 100 testimonios de hombres y mujeres, movilizados en defensa de la tierra, la que les fue adjudicada, también, a mujeres de esa región.

Hablamos de testimonios que constatan que allí hubo masacre (2008), como el principal hecho sangriento, pero también ocurrió un enfrentamiento, de menor intensidad, según las fuentes consultadas por activistas de los derechos humanos. Esta última apreciación, asimismo, de un grupo de teatro que investigó la Masare de Porvenir, que compartimos antes y ahora.

La muerte de los estudiantes, en Caranavi Mario Hernani y David Callisaya, por disparos de policías, en mayo de 2010. Este conflicto llevó a la división de la APDHLP, entre quienes buscaban esclarecer la masacre y exigían la libertad de los detenidos, y esos que buscaban encubrir las acciones y responsabilidades del gobierno sobre esos hechos.

Tres mentiras difundió el ministro de Gobierno de ese tiempo, Sacha Llorenti Soliz: dijo que en aquella región operaba un grupo político armado, que la intervención al bloqueo buscó evitar un enfrentamiento entre bloqueadores del camino La Paz-Caranavi y los cooperativistas auríferos de Guanay, y que fueron infiltrados los que dispararon contra Hernani y Callisaya. El bloqueo de aquella vía fue para que el presidente Morales cumpla su promesa electoral de instalar, en Caranavi, una planta beneficiadora de cítricos, la que sigue como promesa electoral. Para “resolver” el conflicto Evo Morales se comprometió a instalar una extractora de cítricos en Caranavi y otra en Alto Beni. Hasta este momento no se instaló ninguna de las dos.

Poco tiempo después de aquellas muertes de los dos jóvenes citados, se inició un juicio contra los presuntos responsables de esos hechos, entre los que se encontraba el que en ese momento ejercía como ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. No obstante, éste fue excluido de la investigación y permanece impune y el proceso sigue un curso lentísimo y con innumerables fallas procedimentales: hay evidente retardación de justicia. Y en ese tiempo y ahora, como consecuencia de aquel proceso, que debe ser debido, los abogados Claudia Lecoña y Jorge Quiroz, activistas de los derechos humanos, han enfrentado y enfrentan represalias de los gobernantes en funciones.

Represión contra defensores del TIPNIS

El 25 de septiembre de 2011, en Chaparina-Beni, por orden del presidente Morales, de acuerdo a fuentes consultadas por activistas de los derechos humanos, fueron reprimidos los indígenas que buscaban llegar a La Paz, en defensa del TIPNIS y para que no se construya un camino por medio de aquella reserva natural y a la vez territorio indígena. Esa represión sólo postergó, pero no pudo impedir que los defensores del TIPNIS, indígenas del Beni y de otros lugares del país, lleguen a la sede de gobierno, lugar en el que fueron recibidos como lo que eran y que son: abanderados en la defensa de los ecosistemas, la biodiversidad y del hábitat natural de los pueblos originarios. Nuestras compañeras María Amparo Carvajal y María Eugenia Cárdenas acompañaban la marcha indígena por lo que fueron testigos presenciales de esa represión.

Aquella octava marcha contó con el apoyo de dirigentes y activistas de las asambleas de los derechos humanos del país, así como similar apoyo se organizó en favor de la IX marcha indígena, también, en defensa del TIPNIS.

Los defensores de los derechos humanos, asimismo, hemos condenado la muerte de tres compatriotas en Yapacaní (2012), resultado de enfrentamientos que tuvieron como origen una disputa por el poder municipal en aquella ciudad intermedia.

En octubre de 2013, cuatro muertos fue el resultado en un dudoso enfrentamiento entre pobladores de Apolo y efectivos de las Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Fuentes consultadas por defensores de los derechos humanos informaron que habría ocurrido un enfrentamiento entre miembros de las FTC, cuyo resultado serían los muertos. Ninguna investigación para esclarecer esos hechos ha sido realizada, a pesar del pedido de los familiares de los caídos. Los integrantes de las FTC ingresaron a la comunidades próximas a Apolo a erradicar cocales, principal fuente de ingresos para muchas de las familias del lugar Los lugareños dijeron que lo que hicieron fue defender sus cocales, los que fueron abandonados ante la superioridad bélica de los erradicadores. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos tomamos partido por los empobrecidos apoleños.

Hemos condenado las muertes —de dos oficiales del Ejército— ocurridas en la Escuela de Cóndores de Sanandita (Tarija), de un catete en el Colegio Militar de Aviación de Santa Cruz y de varios conscriptos en cuarteles del país, en este tiempo de los llamados cambios en Bolivia. Recordemos que el presidente Morales dijo que iba a conversar con miembros de las asambleas de los derechos humanos para que éstas dejen de oponerse al entrenamiento de los soldados, en los cuarteles; actividad destinada, añadió, a defender Bolivia. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos rechazaron, por escrito y en distintos tonos, la ocurrencia del Presidente.

La violación de los derechos humanos, de discapacitados, fabriles de Enatex y semiproletarios de las cooperativas, en realidad, empresas mineras, son parte del recuento de esas violaciones que, en otro documento específico hacen la APDHB y la APDHLP.

Reafirmamos el anterior recuento de la defensa de los derechos humanos por nuestras activistas y ratificamos que seguiremos, de manera resuelta, la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, preferentemente, de los empobrecidos de Bolivia. Asimismo, desde la APDHB y la APDHLP emprenderemos tareas políticas en defensa de los intereses legales y legítimos de los trabajadores y del pueblo, en alianza con estos dos agrupamientos sociales.

La Paz, 10 de diciembre de 2016.

 

MARIA AMPARO CARVAJAL, Presidenta de la APDHB

REMBERTO CARDENAS MORALES, Representante APDH-LP